La Ley de Eficiencia de la Justicia sobrecarga a los procuradores

Aliviar la carga judicial en ámbitos colapsados como el concursal, laboral o penal requeriría aplicar nuevas competencias

Ley 1/2025 de eficiencia del Servicio Público de Justicia

Giro de 180 grados para la Procura con la entrada en vigor de la Ley de Eficiencia

La entrada en vigor de la Ley 1/2025 obliga a aplicar diferentes normas según la fecha de demanda. El nuevo marco legal complica la tramitación procesal y exige máxima precisión técnica.

“La Procura se adapta, como siempre, pero se nos exige asumir más carga y más costes”. Nuria Ramón alerta del impacto en el ciudadano y pide no justificarlo como eficiencia. 

La entrada en vigor de la Ley 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, ha introducido un nuevo paradigma en el ámbito judicial español. Esta norma, que entró en vigor el pasado mes de abril, convive actualmente con otras dos leyes anteriores, generando un panorama procesal complejo en el que la norma aplicable a cada procedimiento depende del momento en que se haya presentado la demanda.

Nuria Ramón, procuradora y vocal del Consejo Directivo de la Mutualidad de Procuradores, ha señalado que “en estos difíciles momentos para las profesiones jurídicas, y en especial para la Procura, después de unos años marcados por el COVID y las huelgas en el sector judicial, la entrada en vigor de esta nueva ley nos exige un nivel de atención aún mayor, pues convivimos con tres legislaciones distintas aplicables a un mismo tipo de procedimiento”,apunta. El resultado es una inseguridad normativa que obliga a los profesionales del Derecho a extremar la atención y precisión en cada actuación procesal.

La nueva ley impone, entre otras medidas, la necesidad de acreditar la realización de un MASC (Medio Adecuado de Solución de Controversias) como requisito previo para la admisión de la demanda. Una novedad que, en palabras de Nuria Ramón, “recupera figuras que ya existían antes del año 2001 y que fueron eliminadas precisamente por su carácter dilatorio, además de generar incertidumbre sobre cómo afectará a las costas procesales”.

Otro de los puntos críticos señalados por la vocal del Consejo Directivo es la ampliación de funciones de los procuradores en materia de actos de comunicación, auxilio y cooperación con la Administración de Justicia. “La Procura no rechaza las nuevas competencias otorgadas; simplemente, se pone de manifiesto que cada vez se descargan más gastos en los profesionales, que repercuten en el ciudadano. Esta carga económica no debería justificarse en nombre de la agilización del procedimiento”, afirma.

Además, Ramón ha denunciado que estas nuevas competencias no se aplican a materias especialmente colapsadas como los procedimientos concursales, laborales o penales, en los que la eficiencia sí resultaría esencial para descongestionar los juzgados.

Pese a las dificultades, la procuradora muestra confianza en la capacidad de adaptación del colectivo: “La Procura se adaptará, como ha hecho siempre. Hace años dimos el paso a la digitalización y ahora asumiremos este nuevo reto con la misma profesionalidad. Seguiremos colaborando con la administración de justicia para conseguir una justicia más accesible, ágil y cercana al ciudadano”, concluye.